Por: Diego Andrés López Castaño
La justicia puede
entenderse como la búsqueda del equilibrio perdido. ¿Por qué se ha
perdido ese equilibrio? Porque las acciones de unos lesionan los
derechos e intereses de otros. La definición clásica dirá: “dar
a cada cual lo que merece”.
Aquel que ha sido
agredido viendo sus derechos violentados es una víctima. Tratar de
restablecer esos derechos que han sido vulnerados es lo que se conoce
como reparación. En ese sentido reparar a la victima es una forma de
darle lo que merece, es decir, una búsqueda de justicia.
Colombia vive hace
décadas un conflicto armado interno generado por la incapacidad del
estado de responder a las necesidades de un gran número de sus
asociados. Diferentes grupos de ciudadanos se alzaron en armas contra
esa institucionalidad con la pretensión de tomarse el poder y
generar esas condiciones de igualdad inexistentes en el país. En su
búsqueda por tomarse el poder los diferentes grupos armados al
margen de la ley han violentado los derechos de muchos colombianos.
Derechos como la propiedad privada, la libertad y en el colmo de la
barbarie, la vida. De tal manera que han generado miles de víctimas
del conflicto.
Hace tres años el
gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos Calderón
inició diálogos con el grupo guerrillero conocido como FARC-EP
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo).
La intención principal es que los miembros de dicha organización
insurgente abandonen las armas y vuelvan a la vida civil.
Uno de los principales
temas de discusión en la mesa de negociaciones tiene que ver con la
reparación a las víctimas. ¿De qué manera recuperar el equilibrio
perdido a causa del conflicto? Al contrario de lo que creen muchos,
ese equilibrio no se recupera necesariamente poniendo en prisión a
los culpables. Porque dar a cada cual lo que merece implica más bien
recuperar los bienes que hayan sido arrebatados, comprender las
razones por las que los derechos fueron vulnerados, tener la
seguridad de que ese tipo de hechos no se volverán a repetir. En ese
sentido, poner a un victimario en la cárcel no necesariamente
devuelve los bienes o los seres queridos perdidos y por el contrario
genera un inconveniente para que un combatiente quiera abandonar las
armas, de tal manera que no se garantiza la no repetición de los
hechos criminales, sino más bien su perpetuación.
Lo que se conoce del
acuerdo de justicia transicional al que se llegó en la mesa de la
Habana, es precisamente que los guerrilleros están dispuestos a
contar la verdad, a no volver a cometer esos crímenes y a reparar a
las víctimas. Así mismo aceptan una limitación a su libertad, que
no cárcel, si confiesan sus crímenes. Ir a la cárcel por un
período no muy alto si los confiesan tardíamente. Y hasta 20 años
de prisión si no confiesan y son encontrados culpables. Pero además
dicho acuerdo ofrece las mismas garantías para otros actores del
conflicto que no son miembros de los grupos insurgentes, es decir,
empresarios, políticos, militares, etc. que desde el otro extremo
también generaron víctimas en el conflicto.
Lo que tenemos entonces
es que, al contrario de lo que dicen los detractores del proceso, no
se busca la impunidad sino la reparación de las víctimas tratando
de devolver al país el equilibrio perdido tras el conflicto. Es una
búsqueda de justicia. Si bien se ofenden porque no necesariamente
habrá cárcel para los victimarios, lo que hay que entender es que
cárcel y justicia no son lo mismo, esa búsqueda de venganza de los
detractores del proceso, no garantizaría más que la eterna
repetición de esos lamentables hechos fruto del conflicto.
