Por: Diego Andrés López
Castaño
Quise responder a la
valiosa pregunta que me planteó una querida estudiante de derecho y
es que si yo apoyaba el Sí en el plebiscito del próximo 2 de
octubre por convicción o sólo por llevar la contraria al senador
Álvaro Uribe. Aquí mi posición.
¡Qué pregunta la tuya!
Empezaré por decir que si bien el senador Uribe no me gusta ni como
político ni como persona, mi opinión sobre el país va más allá
de él. Es decir, mi pensamiento y accionar político parten de lo
que considero útil para el bien general, si eso es contrario a las
posiciones del expresidente es algo meramente accidental.
Frente a los acuerdos de
la Habana, no es que me gusten del todo. Yo realmente hubiera
preferido que el gobierno propusiera reformas sociales y agrarias sin
necesidad de un diálogo con grupos insurgentes y hubiera preferido
que las FARC se hubieran sometido a la justicia ordinaria o el
ejército las hubiera derrotado en combate. Lastimosamente lo que uno
quiere no siempre corresponde con la realidad y con lo posible.
El documento de acuerdo
no es perfecto, pero comparado con otros acuerdos para finalizar
conflictos armados dentro y fuera de Colombia, creo que este tiene
elementos que los superan. Enumerarlos ahora sería complicado, por
razones de espacio y tiempo. Pero basta para mi presentar las dos
razones que considero más fuertes para votar Sí.
Primero que todo, el
recurso de la guerra ya se utilizó infructuosamente durante más de
medio siglo. En todo lo que ha durado la guerra ninguno de los dos
bandos ha sido capaz de imponerse al otro, a pesar de que ambos han
tenido momentos en los que han presentado superioridad militar. De
tal manera que esperar un cambio utilizando la misma metodología no
es muy inteligente.
Y en segundo lugar, las
FARC son una organización delincuencial, eso lo tenemos claro. En su
accionar criminal han violado los derechos de muchos colombianos a la
propiedad, a la libertad de movimiento y expresión, y en el colmo de
la barbarie (propio de toda guerra) el derecho a la vida. El acuerdo
ofrece la posibilidad de deshacernos de ese grupo ilegal, que
abandona las armas para optar por la vía política para presentar
sus propuestas de sociedad. Esta posibilidad implica que este grupo
dejaría de asesinar, secuestrar y extorsionar ciudadanos.
Estas dos razones lo que
implican es el ofrecimiento de tranquilidad a los campesinos
colombianos. Los niños podrán ir tranquilos a la escuela, o a jugar
en el potrero, sin el riesgo de caer víctimas de una mina
antipersona o ser reclutados por las FARC. Es cierto que el acuerdo
tiene puntos valiosos como la reforma agraria que hace tanto
necesitamos, o una cierta garantía de justicia (con verdad,
reparación y garantía de no repetición), pero aún si eso no
estuviera en las 297 páginas del acuerdo, esta sola consecuencia es
para mi tan valiosa e importante que estoy dispuesto a aceptar un
acuerdo imperfecto como el que acordaron el gobierno y los
insurgentes, para preservar la vida de nuestros compatriotas
históricamente afectados por el conflicto y para poder presentar
nuestras diferencias políticas en un ambiente democrático sin tener
que matarnos unos a otros.
