Por: Diego Andrés López
Castaño
Los colombianos
tenemos que plantearnos una pregunta seria: ¿Queremos más guerra o
queremos fortalecer la democracia? El actual proceso de paz con las
FARC es un momento propicio para responder, no sólo con palabras
sino con actos, esta pregunta.
La democracia es un
sistema político cuya creación atribuimos a los antiguos griegos.
Dicho sistema consiste en que las decisiones que atañen a la
comunidad en general deben ser tomadas por todos los ciudadanos y no
por unos pocos. De tal manera que evitar la exclusión de ciudadanos
y permitirles presentar su voz, aunque esta difiera de la mayoría,
con la intención de llegar a acuerdos, fortalece la democracia.
Difícilmente se puede
pretender que en una comunidad humana todos sus miembros piensen de
la misma manera. Asuntos como los criterios de vida buena o justicia
no dependen de los caprichos de un legislador o de una mayoría, sino
que requieren el concurso de la discusión razonable y los acuerdos a
los que lleguen los implicados. No hay algo que afecte más a la
democracia que la imposición, sea legal o sea de hecho, de los
criterios de unos sobre los demás. Por el contrario, incentivar la
construcción dialógica es la mejor manera de hacer real la
participación ciudadana y de esta manera revitalizar el ejercicio
democrático.
La incapacidad del Estado
colombiano para fomentar el diálogo y la participación de todos los
ciudadanos generó y sigue generando episodios de violencia; pues
muchas veces los excluidos sienten que no hay otra forma de hacer
escuchar su voz y valer sus derechos. Seguramente preocupado por la
afectación a los intereses económicos de su clase, o por un
efectivo afán de mejorar las condiciones de vida de los colombianos,
el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos Calderón ha dispuesto
canales de diálogo con algunos de esos grupos generadores de
violencia para permitirles reinsertarse en la vida civil. Tal vez el
diálogo más significativo es el que se adelanta en la Habana Cuba
con representantes del gobierno y la guerrilla de las FARC. Acuerdo
que, de ser refrendado en las urnas por el pueblo colombiano y de ser
respetado por ambas partes, pondría fin a un conflicto de más de
medio siglo y permitiría a un grupo de colombianos excluidos del
sistema participar en la toma de decisiones sobre asuntos clave para
el país.
Aquellos que abiertamente
se han declarado enemigos de la paz y hacen campaña en contra del
proceso se justifican desde un profundo sentimiento de venganza
diciendo que a los guerrilleros no hay que incluirlos en la sociedad,
sino matarlos o llevarlos a la cárcel. Pero no se dan cuenta de que
eso es lo que se viene haciendo durante más de 50 años y el único
resultado obtenido es que los campos de Colombia están bañados en
sangre de compatriotas pobres, mientras se han ensanchado los
bolsillos de compatriotas ricos. Y sin querer caer en la actitud de
los gurús de la autoayuda y la superación personal, hay que
recordar una obviedad: No se obtienen
resultados diferentes sin cambiar lo métodos. (VER: LA BÚSQUEDA DE JUSTICIA EN EL PROCESO DE PAZ COLOMBIANO)
Así pues, quienes se
presentan como defensores de la democracia necesariamente tendrán
que ser defensores del diálogo y la inclusión. Necesariamente
tendrán que ser defensores del diálogo y el debate de las ideas. En
ese sentido pensar en la integración postdesarme de los guerrilleros
de las FARC a la vida civil, no es más que pensar en un
fortalecimiento de la democracia que invoca la constitución de 1991.
