Por: Diego Andrés López Castaño
Comúnmente decimos
que la ley es una propuesta razonable para dirimir conflictos
humanos, en tal sentido asumimos que las normas no buscan lesionar a
unos para beneficiar a otros. Y que en lugar de responder a deseos
meramente pasionales como la venganza, responden a criterios de la
razón para solucionar satisfactoriamente problemáticas sociales.
Sin embargo este no parece ser el caso de la ley contra conductores
ebrios que recientemente sancionó el presidente de la república.
Empecemos por dejar claro
que la pasión es aquel impulso que nos hace actuar de diversas
maneras, sin que podamos, en primera instancia, explicar por qué.
Ejemplo de esto es el deseo que nos mueve a conseguir aquello
apetecido sin importar por qué lo hacemos, sólo sabemos que
queremos tener ese algo; una comida, un aparato, un enamorado. O la
venganza, que ciegamente nos impulsa a hacer daño a una persona que
ha hecho algo desagradable, no necesariamente en contra nuestra.
Aquellas cosas que responden a exigencias pasionales podemos
considerarlas como no razonables.
A este tipo de impulsos
parece responder la ley contra conductores ebrios. La sociedad
colombiana se ha visto bombardeada, en los últimos meses, con
imágenes noticiosas sobre incidentes de tránsito protagonizados por
choferes borrachos. En esos episodios las consecuencias han sido
desastrosas; mujeres muertas, hombres con movilidad reducida por el
resto de su vida, niños heridos, muertos o huérfanos. Como es de
esperarse, estos hechos nos ofenden profundamente en tanto ciudadanos
y en tanto personas, máxime cuando en ocasiones los infractores no
responden de ninguna manera por el daño que han ocasionado.
Precisamente aquí es
donde surge el problema de la ley. Porque la preocupación de los
colombianos no ha sido evitar este tipo de situaciones luctuosas,
sino simplemente castigar a quienes las provoquen. No contemplamos,
como sociedad, mecanismos educativos para evitar que las personas
conduzcan cuando sus organismos no están bien dispuestos para ello.
En lugar de eso, asumimos que la gente seguirá violando las normas,
y más bien nos preguntamos qué hacer si los pillamos. No se hizo la
pregunta por la justicia, sino que se hizo la pregunta por la
venganza. ¿Cómo nos vengamos de quienes generen (o hipotéticamente
pudieran generar) tragedias como las nombradas?
No se trata, como dirán
los extremistas pasionales, de no hacer nada. Se trata de aprobar
normas y de adelantar acciones que eviten la repetición de tales
hechos. Pero eso no es lo que va a suceder en este caso; los
colombianos seguirán manejando ebrios, con la esperanza de que no
los van a pillar (como es la firme convicción de todo delincuente).
Y seguiremos asistiendo a la terrible práctica de la mordida, porque
algunos infractores preferirán pagar unos pesos al guarda de
tránsito para dejar todo en el olvido (como pasa en la actualidad) y
“colaborarle” para mejorar su salario, que es malo como el de la
mayoría de los colombianos honestos.
Así pues, tenemos esta
ley que no responde a la razón, sino a la pasión. Los colombianos
tendremos algunos borrachos pagando multas, perdiendo sus licencias
de conducción y yendo a la cárcel, aunque eso no nos devolverá a
nuestros seres queridos. Tendremos nuestra venganza. Mientras tanto
conductores sobrios seguirán violando las normas de tránsito y
algunos motociclistas seguirán cobrando sendas indemnizaciones por
los accidentes que ellos mismos, irresponsablemente provocan.
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